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La cuestión prejudicial de la Sección 4ª de la AP de A Coruña en el caso del Banco Popular

Mediante Auto del pasado 28 de Julio de 2020, la Sección 4ª de A Coruña de la Audiencia Provincial decidió plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión. Ello posibilitado la existencia de una avalancha de solicitudes de suspensión de los procedimientos de reclamación por la resolución del Banco Popular, fundando la misma en la existencia de una prejudicialidad civil.


Concretamente, la sección 4ª plantea al TJUE dos cuestiones centradas en la interpretación de diferentes preceptos de la Directiva 2014/59/UE de 15 de mayo de 2014, por el que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.


En el citado Auto, las cuestiones planteadas al TJUE son:


1. Cuando, en el marco de un procedimiento de resolución de una entidad financiera, se han amortizado la totalidad de las acciones en que se dividía el capital social, los artículos 34 1 a), 53 1 y 3, y 60 2 b) y C) de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento y del Consejo, de 15 de mayo 2014, ¿deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que quienes adquirieron sus acciones unos meses antes del inicio del procedimiento de resolución con ocasión de una ampliación de capital con oferta pública de suscripción, puedan promover demandas de resarcimiento o demandas de efecto equivalente basadas en una defectuosa información del folleto de la emisión, contra la entidad emisora o contra la entidad resultante de una fusión por absorción posterior?


2. En el mismo caso a que se refiere la pregunta anterior, los artículos 34 1 a), 53 3 y 60 2 b) de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, ¿se oponen a que se impongan judicialmente a la entidad emisora, o a la entidad que la suceda universalmente, obligaciones de restitución del contravalor de las acciones suscritas, así como de abono de intereses, como consecuencia de la declaración de nulidad, con efectos retroactivos (ex tuna), del contrato de suscripción de las acciones, en virtud de demandas promovidas con posterioridad a la resolución de la entidad?


La citada Directiva, tal como se indica en su primer considerando, tiene el objetivo de crear un procedimiento de reestructuración y resolución de entidades de crédito y servicios de inversión, cuando dichas entidades están próximas a una situación de insolvencia o, produciéndose esta situación de insolvencia, se garantice la minimización de las repercusiones negativas para la economía.


Las dudas interpretativas de la Audiencia Provincial de A Coruña se basa en los siguientes artículos comunitarios:


- El artículo 34.1 a). En el artículo 34 se fijan una serie de obligaciones para los Estados miembros quienes deberán asegurar una serie de medidas en las que se deberá centrar la resolución de una entidad, la cual se deberá fundamentar en el principio de que deben ser los accionistas de las entidades liquidadas sean quienes asuman las primeras pérdidas.


- El artículo 53 fija el efecto de la recapitalización interna como instrumento, de forma que mientras que en su párrafo primero establece la obligación de los Estados Miembros de velar por que la reducción del importe principal o pendiente adecuado sea vinculante de forma inmediata para la entidad objeto de resolución; en su apartado tercero, fija los efectos derivados de cuando una autoridad de resolución reduzca a cero el importe de un principal o un importe pendiente se considerará liberado, no pudiéndose computarse en posibles procedimientos ulteriores de la entidad objeto de resolución o de otra entidad que lo suceda.


- El artículo 60 fija las disposiciones para la amortización o conversión de los instrumentos de capital y, en su apartado segundo letras b) y c) establecen la no responsabilidad del importe amortizado, excepto cuando se trate de pasivos ya devengados o de pasivos resultantes de daños y perjuicios surgidos con motivo del recurso presentado contra la legalidad del ejercicio de la competencia de amortización y que no se pague indemnización alguna al titular de los instrumentos de capital pertinentes.


En base a dichas disposiciones y, ante la resolu