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La nueva suspensión de los desahucios

Actualizado: 23 ene 2021

El pasado día 23 de Diciembre de 2020 salió publicado en el BOE el nuevo Real Decreto Ley 37/2020 de 22 de Diciembre correspondiente a las nuevas medidas urgentes para las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y transportes.


Para empezar, este nuevo Real Decreto, que ya está en vigor, viene a modificar el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo y que venía a proteger tanto a las familias como a determinados colectivos vulnerables y cuyo resumen puedes leer aquí.


El tema relevante de la nueva redacción es que se procederá a la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos de viviendas, pero siempre sometido a determinados condicionantes.


En primer lugar, los procedimientos de desahucio y lanzamientos arrendaticios procedentes de demandas de reclamación de rentas o expiración del tiempo de contrato y que estén vigentes durante el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020 o cualquiera de sus prórrogas, podrán quedar suspendidos.


Pero esta suspensión, contrariamente a la instaurada por el RDL 11/2020 de 31 de marzo, no operará de una forma cuasi-automática. En este caso, el demandado en este tipo de procedimientos tendrá la legitimación para iniciar un incidente de suspensión extraordinaria atendiendo a su situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar cualquier tipo de alternativa habitacional.


En este incidente, se deberá acreditar esa situación de vulnerabilidad económica (artículos 5 apartados a) y b) del RDL 11/2020) , debiéndose aportar, igualmente, la documentación del artículo 6 del RDL 11/2020.


Conforme a estas definiciones, se podrá iniciar esta suspensión extraordinaria cuando nos encontremos con:


A) El arrendatario esté en situación de ERTE o haya reducido su jornada por motivo de cuidados o, en caso de empresario, haya tenido una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando con ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de moratoria:

  1. Con carácter general, el límite de tres veces el IPREM (1.613,52.- Euros)

  2. El límite anterior se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar; salvo que se trate de una unidad familiar monoparental, cuyo límite sería de 0,15 veces el IPREM.

  3. El límite del primer apartado se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

  4. En casos en que algún miembro de la unidad familiar tenga declarada una discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad permanente para la realización de una actividad laboral, el límite será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.

  5. Si la persona obligada al pago de la renta sea una persona con parálisis cerebral o enfermedad mental o discapacidad intelectual con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, o con una discapacidad sensorial reconocida igual o superior al 65%, el límite será de cinco veces el IPREM.

B) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar, entendiéndose por gastos y suministros básicos el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones ala comunidad de propietarios de la vivienda habitual.


Es relevante que, para que la suspensión pueda tener un mínimo de éxito, el solicitante o instante deba acreditar, junto con su solicitud, el cumplimiento de esas condiciones subjetivas debiéndose acompañar los siguientes documentos:

  1. Certificado de la entidad gestora de las prestaciones en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

  2. Certificado de la AEAT en caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.

  3. Para el número de personas que habitan en la vivienda:

  4. Libro de Familia o documento pareja de hecho.

  5. Certificado de empadronamiento

  6. Declaración de discapacidad, dependencia o de incapacidad permanente.