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La reforma de los Juzgados de lo Mercantil. Comentarios a la Ley Orgánica 7/2022 de 27 de Julio

En el BOE número 180 del pasado día 28 de Julio de 2022 salieron publicadas dos leyes orgánicas, siendo una de ellas la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la reforma de los Juzgados de lo Mercantil.


Esta modificación de la competencia de los Juzgados de lo Mercantil se centra, en particular, de la atribución a dichos Juzgados de la competencia relativa a los marcos sobre reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones y otras medidas sobre eficiencia en los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.


Con anterioridad a esta reforma, nos encontrábamos en que, en los procedimientos de segunda oportunidad, en función de si el deudor era persona física o empresario, se nos determinaba la competencia del propio Juzgado alternándose entre la de Primera Instancia (cuya competencia territorial era la del domicilio del demandante) o la de los Juzgados de lo Mercantil (competencia territorial en la capital de la provincia).


Los abogados que hemos tramitado estos expedientes de segunda oportunidad, la gran mayoría éramos partidarios, en según qué partidos judiciales, adentrarnos en el Juzgado de lo Mercantil como consecuencia del colapso de determinados Juzgados de Primera Instancia. Así, conforme a la antigua redacción del artículo 86ter LOPJ, la competencia se centraba en los asuntos concursales, pasando a tener competencia exclusiva y excluyente en determinadas materias, las cuales, con la reciente reforma pasarán a ser:


1) Las acciones civiles con trascedencia patrimonial que se dirijan contra el concursado, con excepción de las que se ejerciten en los procedimientos civiles sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores.


2) Las ejecuciones relativas a créditos concursales o contra la masa sobre los bienes y derechos del concursado integrados o que se integren en la masa activa, cualquiera que sea el tribunal o la autoridad administrativa que se le hubiere ordenado.


3) La determinación del carácter necesario de un bien o derecho para la continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor.


4) La declaración de existencia de sucesión de empresa a efectos laborales y de seguridad social en los casos de transmisión de unidad o de unidades productivas, y la determinación de los límites de esa declaración conforme a lo dispuesto en la legislación laboral y de seguridad social.


5) Las medidas cautelares que afecten o pudieran afectar a los bienes y derechos del concursado, integrados o que se integren en la masa activa.


Y para los casos de personas físicas, además, las correspondientes a la asistencia jurídica gratuita, la disolución y liquidación de la sociedad o comunidad conyugal. Por su parte, en casos de persona jurídica quedarán incluidas las acciones de reclamación de deudas sociales ejercitadas frente a los socios de a sociedad, las acciones de responsabilidad frente a los administradores o liquidadores y las acciones de responsabilidad contra auditores por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar.


En el mismo sentido, cuando nos encontremos con una acumulación de acciones conexas y, dentro de esa acumulación, al menos una sea atribuida a los Juzgados de lo Mercantil, en dicho caso, será de forma directa competente este Juzgado.


Por otro lado, también se redistribuyen y se quitan algunas competencias que entendían los Juzgados de lo Mercantil, competencias que pasarán a ser las de los Juzgados de Primera Instancia, como son las acciones colectivas de condiciones generales de la contratación y defensa de consumidores y usuarios o la reclamación de acciones por daños derivados de la destrucción, pérdida o avería del equipaje facturado; compensación y asistencia de pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque o gran retraso de vuelo