Los profesionales que gestionamos asuntos ante la Jurisdicción Laboral o Concursal ya sea porque gestionemos a trabajadores o a empresarios, nuestros más y nuestros menos nos hemos topado con el Fondo de Garantía Salarial, ese ente de garantía de pago a quien muchos recurrimos, pero que es capaz de denegarte todo aquello que se salga mínimamente de su guión preestablecido.
Para aquellos no afines a este ente, os resumo que es un órgano autónomo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que se encarga de abonar a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso del empresario (art. 33 ET); en otras palabras, si el empresario no cumple, siempre quedará el FOGASA. No voy a entrar en el tema de sus limitaciones ni en qué paga ni deja de pagar, pues no es tema del presente post y que como muchos sabemos fue objeto de reducción a raíz de la refoma laboral del pasado año.
Concretamente, éste viene a raíz de varias consultas realizadas y referentes a qué sucede con el Fondo de Garantía Salarial. Si has sido una de las “víctimas” que han presentado el expediente al FOGASA y aún no te han resuelto ni te han pagado, este artículo te interesa, pues si hasta hace muy poco se manifestaba que el FOGASA estaba pagando a prácticamente 18 meses, los expedientes que deberían haber abonado este mes de noviembre, al menos los que me constan a mi y son varios, no se han liquidado. ¿Y todo ello porqué?
Pues la respuesta es muy simple, no porque no haya dinero, que seguro que algún remanente aún le queda, sino porque le Ministerio de Empleo ha tomado la decisión de externalizar a una empresa pública la gestión de los 181.000 expedientes atrasados, decisión llevada a cabo a ‘dedo’, para variar, y que dicha empresa se llevará entre 3 y 3,5 millones de euros para llevar a cabo dichas tareas. Así tenemos que el Ministerio asigna a una empresa para la gestión de los expedientes, que centralizará las tareas en Madrid, por lo que todos los expedientes de 22 provincias se enviarán a Madrid (Madrid va a parte) y que pagará un precio superior al que les venían retribuyendo al personal que se encargaba las resoluciones de dicho expediente.
Pero aún hay más, resulta que ese personal que tramitará estos expedientes, se desconoce qué formación tienen, por lo que seguramente haya que formarlos, lo cual atrasará mucho más la resolución de expedientes y provocará una mayor acumulación, porque estos expedientes se siguen presentando, ello a parte que seguro que tendrán al personal actual preparando los expedientes para enviarlos a Madrid! Y una vez enviados, ¿resolverán antes uno nuevo presentado que otro que se haya presentado hace año y medio?
Aquí me planteo dos cuestiones:
– ¿No habría sido más económico y eficiente, reforzar el personal funcionario de esas delegaciones provinciales que se encargan de tramitar dichos expedientes, mediante personal interino y/o laboral?
Pues al incoporar un colectivo que va a empezar de cero siempre es más costoso que trabajar con el personal que ya tienes a tu disposición.
– En otro prisma, me cuestiono si realmente el Ministerio de Empleo está actuando de conformidad a la Ley de Protección de Datos, al remitir una serie de información privada sin el consentimiento de su titular, máxime cuando no me consta cláusula alguna en la solicitud que se autorice al Ministerio de Empleo a ceder dichos datos.
Consecuentemente, parecen completamente entregados a en vez de agilizar los trámites y hacer más eficiente la administración, provocan más burocracia y más desigualdad con el único fin de intentar evitar que aquellos que tienen derechos, renuncien a ellos ante el colapso definitivo de un órgano de garantía, como si la propia Administración nos esté realizando acoso moral para renunciar a derechos que a los trabajadores les son, subsidiariamente, legítimos.